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Formosa, 28 de Mayo de 2018
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  14-05-2018  |  Locales
  

Defensores del Pueblo de todo el país aprobaron propuestas de Gialluca


El Defensor del Pueblo de Formosa propuso un "Plan Nacional de Desarrollo Energético" que sea elaborado entre el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas políticas de modo tal que se transforme en Política de Estado que trascienda una gestión de gobierno con amplia Participación Ciudadana. Además logró el acompañamiento solicitando a la Cancillería que reclame al Paraguay el cierre de "Cateura".



En el marco del 2° Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebrado en la Ciudad de Viedma, los dos puntos propuestos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa fueron aprobados por unanimidad.

El primero de ellos se refiere al riesgo de contaminación del Río Paraguay por "Cateura", el vaciadero de Asunción-Paraguay que se considera uno de los Vertederos de Residuos Domiciliarios e incluso no Convencionales más grande de Latinoamérica. El mismo está ubicado a pocos metros del río, posee 40 hectáreas y actualmente recibe unas 800 toneladas diarias de residuos. Pese a que desde el 2006 debió haber dejado de funcionar, conforme el Contrato de Concesión que le fuera otorgado a la Empresa Empo y Asociados para su explotación; en el 2011, la Compañía entre “tironeos” de la Secretaria de Ambiente del Paraguay y la Municipalidad de Asunción, logró una prórroga por cinco años, lapso ya transcurrido, no obstante lo cual se continúa hoy con el incesante vertido de residuos.

El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca denunció que en el año 2015 un desborde del Río Paraguay obligó a reforzar las barreras construidas a fin de evitar el derrame al río de “miles de metros cúbicos de lixiviados”, que es el producto liquido de la acumulación de los residuos, sustancias altamente cancerígenas y contaminantes, habiéndose incluso registrado filtraciones en aquella ocasión.

Es por ello que se aprobó una Resolución de Declaración de Interés Institucional de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, mediante la cual se requiere a la Cancillería Argentina y al Ministerio de Desarrollo Sustentable de Nación a que insten al Gobierno de la República del Paraguay a que se adopten las medidas necesarias que determinen la clausura del Vaciadero de Cateura y así evitar una catástrofe ambiental que repercutirá negativamente en la Argentina, pues el río Paraguay es tributario del Río Paraná y este finalmente desemboca en el Río de la Plata, lo cual afectaría mas de 1500 km de costa que bañan nuestro territorio.
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La segunda propuesta de la Defensoría del Pueblo de Formosa también fue aprobado por el plenario de ADPRA y está referido a un pedido dirigido al Ministerio de Energía y Minería de Nación para establecer "una Tarifa Eléctrica Diferenciada para el NEA" con una intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que determine los porcentajes de los ingresos de los trabajadores y de las jubilaciones a destinarse al pago de los servicios públicos esenciales. En este sentido todos los Defensores del Pueblo del País, exigieron que se cumplan con los requisitos de "gradualidad, razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad" para los incrementos de los servicios públicos y propusieron un Plan Nacional de Desarrollo Energético y la eliminación de la pobreza energética en la República Argentina.

Asimismo se propuso, “tarifas subordinadas a los ingresos para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, reiterando la necesidad de ampliar la Tarifa Social, en especial a familias en situación socioeconómica altamente vulnerable".

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo Energético se propuso que el mismo sea elaborado, “entre el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas políticas, de modo tal que se convierta en una Política de Estado y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participación de todos los sectores, instituciones publicas y privadas, con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, ONG, universidades y Defensorías del Pueblo".

Finalmente los Defensores exigieron, “a los Entes Reguladores que cumplan con el rol que les corresponde, que es el control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras, y defensa irrestricta de los usuarios”, proponiendo la eliminación no solamente de la pobreza energética entendida esta como la falta de acceso a la energía eléctrica, agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del 10% de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos.


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