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    20-05-2016  |  Locales
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Condenan a 8 años de cárcel a un hombre que violó a su propia hermana


El fallo del STJ hace un análisis científico sobre la credibilidad de las denuncias de las víctimas de delitos sexuales.




El Superior Tribunal de Justicia, en su rol de Tribunal de Casación, confirmó la condena a 8 años de prisión aplicada por la Cámara Primera en lo Criminal a un hombre que violó a su propia hermana, una adolescente menor de edad, en un deleznable hecho ocurrido el 14 de julio de 2012 en la localidad de Ingeniero Juárez, en el extremo Oeste provincial.

El fallo judicial fue impugnado por la defensora del condenado y remitido al STJ, donde días atrás se llevó a cabo la audiencia de informe, tras lo cual la corte provincial emitió la nueva sentencia que confirmó la decisión que tomaron los jueces de la Cámara Criminal.

En Casación, luego de examinar minuciosamente los agravios formulados por la abogada defensora del condenado, el máximo tribunal de la provincia llegó a la conclusión de que el cuadro probatorio no admite fisuras y que el fallo impugnado es una impecable derivación de las pruebas incorporadas válidamente a la causa, razón por la cual los cinco jueces que conforman el STJ decidieron ratificar la condena a ocho años de cárcel en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo de parentesco con la víctima.

La defensa cuestionó del fallo de la Cámara Primera argumentando que el mismo gira circularmente en torno a una única declaración, cual es la de la víctima, y señala que los posteriores testimonios, tanto de su madre como de sus hermanas, se limitan a repetir lo que la víctima dijo, calificando al relato de la menor como "incongruente y sin la seriedad mínima para erigirse en fundamento de una sentencia".

Para rebatir esta postura, el fallo del Tribunal de Casación "que lleva el número 4634- se adentra en el análisis del debatido tema de la credibilidad de las víctimas de delitos sexuales, sobre todo cuando, por la naturaleza del hecho, este se consuma en lugares apartados, ocultos o cuanto menos alejados de terceros. Y al hacerlo, el juez del primer voto, el doctor Ariel Gustavo Coll, se remite a estudios, investigaciones, criterios y conclusiones a las que se han podido arribar en el campo de la psicología forense y que deben tenerse en cuenta al momento de resolver casos judiciales. "No todo queda o puede quedar en la mera voluntariedad de la creencia o no del testimonio de la víctima, existen hoy estudios científicos que permiten una mayor aproximación al tema y que para los jueces constituyen herramientas necesarias para la resolución de este tipo de conflictos", refiere el magistrado.

En este sentido, explica en detalle los tres pasos fundamentales que tiene el procedimiento denominado Evaluación de la Validez de las Declaraciones:


1) entrevista forense semi-estandarizada, 2) análisis de la transcripción de la entrevista a través de los criterios del Análisis de Contenido Basado en Criterios, conocido como CBCA, y 3) Lista de Validez. Una vez realizados estos procesos, el investigador debe catalogar la declaración como: creíble, probablemente creíble, indeterminada, probablemente increíble, e increíble.

El juez Coll explica en su voto en qué consiste el método y a qué conclusiones se pueden arribar, citando a reconocidos especialistas en psicología jurídica forense y trabajos tales como "La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: Reflexiones psico-legales", de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

La veracidad del relato de la víctima

A partir de los conceptos vertidos y las constancias procesales de la causa, el magistrado consideró que la declaración de la menor víctima tiene "alta credibilidad", no solamente porque desde un primer momento, sino en instancias anteriores y posteriores al examen médico realizado una hora después de haber sido abusada, la menor estuvo fuertemente angustiada, evidenciándose aún varios días después signos de tensión elevada y presión emocional, como también de evasión del conflicto interno.

En el relato de la menor "dice Coll- aparecen indicadores sobre "descripciones de interacciones referidas a la agresión sexual entre el agresor y la menor" que constituyen indicativo de credibilidad, de igual modo que al reproducir conversaciones mantenidas con el agresor en el transcurso de la agresión o en conversaciones relacionadas con ella, como cuando relata los dichos del acusado, el pedido de éste de que no lo denunciara, la aceptación del pedido como manera de escapar de la situación, los detalles referidos a la moto utilizada para llevarla al lugar donde se consumó la agresión sexual, la modalidad de ésta, el intento de correr en un momento dado, siendo alcanzado por el acusado y cayendo de rodillas, el estado de ebriedad en el que se encontraba el acusado y las características del lugar donde fue abusada, que coincide con la descripción que posteriormente hace la Policía, donde advirtió rastros de forcejeo, "son todos datos que por cierto corroboran la versión de la víctima", concluye el ministro del primer voto.

Sin perjuicio de este irrefutable cuadro probatorio, el juez advierte que la defensa no explicó por qué razón, de haberse producido una relación consentida o consumada con otra persona, la menor, una vez de regreso a su hogar y alejada de toda intimidación, llamó desesperadamente a su hermana para contarle, en medio de una crisis de llanto, todo lo sucedido, sin dejar de considerar que, en el caso, "el agresor era su propio hermano, lo que pudo haber generado un mayor grado de angustia, desde que quien culturalmente está llamado a defenderla, es quien se convierte en su agresor", reflexionó el magistrado.

Además de todo lo señalado, el fallo hace referencia al informe médico que acreditó la relación sexual reciente, en el modo que describió la menor, la pericia psicológica y el informe del Servicio de Huellas Digitales de la UBA, que acreditó que en el bóxer del acusado se encontraron rastros genéticos compatibles con el ADN de la víctima.

La defensa del condenado también había solicitado que se declare la nulidad del secuestro de la prenda íntima de su asistido (bóxer) argumentando que no existió orden judicial para hacerlo, como tampoco el acta fue firmada por el imputado.

Respecto a este punto, el fallo aclara que no se trató de un acto formal de requisa y que contó con el consentimiento del acusado en el momento de realizarse y ratificado posteriormente al declarar ante el juez.

Sobre el particular, el juez Eduardo Hang opinó que la requisa no requiere orden judicial si la entrega resulta voluntaria, porque lo que se protege, al igual que en el allanamiento de morada, es la voluntad de la persona. "El acuerdo personal, y en este caso lo hay, permite la actuación policial, que para el caso resulta autorizada por el artículo 168 del CPP", aseveró el doctor Hang, quien también opinó respecto al relato de la menor, indicando que "la niña llegó a la casa casi de inmediato y se explayó inmediatamente, denotando esto notoria espontaneidad en las testificales".

Asimismo, la defensa también impugnó la doble intervención de la psicóloga de Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, al asistir a la víctima en su declaración testimonial y, posteriormente, al realizar la pericia psicológica requerida por el juez de la causa.

Sobre este punto, el Tribunal de Casación consideró que dicho cuestionamiento no puede prosperar porque justamente el Protocolo Internacional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y/o Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abuso Sexual y otros delitos, aprobado por el STJ, propicia que la misma sea encomendada al mismo profesional a cargo de la recepción de la declaración testimonial y se efectúe en una etapa posterior a la misma, con el objeto de evitar la posible contaminación del relato.

La sentencia del STJ tiene los votos coincidentes de todos sus jueces: Ariel Coll, Eduardo Hang, Ricardo Cabrera, Marcos Quinteros y Guillermo Alucín.


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